Las entidades recibirán liquidez en función de los créditos que han otorgado

El Ejecutivo asegura que buscará comprar activos vinculados a los créditos concedidos más recientes y que diversificará la inversión. Los primeros 10.000 millones del plan se concederán ya en este trimestre.

El Consejo de Ministros aprobó ayer las dos principales medidas con las que el Gobierno quiere paliar los efectos de la crisis financiera internacional sobre la banca y la economía española.

A partir de hoy, el Fondo de Garantía de Depósitos (FDG) y el Fondo de Garantía de Inversiones cubren un máximo de 100.000 euros por cliente, frente a los 20.000 previstos hasta ahora. Esta ampliación de la cobertura se ha llevado a cabo sin pedir a las entidades que aporten una cantidad adicional de recursos al FDG que, actualmente, cuenta con una capitalización de unos 7.000 millones.

La segunda –y más polémica– medida aprobada es la creación del fondo de 30.000 millones, ampliables a 50.000, con el que el Estado comprará activos de la banca. Las primeras adquisiciones se llevarán a cabo en este trimestre, por un importe de 10.000 millones ampliables a 30.000.

La gestión, al Tesoro
El Tesoro gestionará el fondo a través de un Consejo Rector y una Comisión Ejecutiva. No será por lo tanto una agencia independiente quien gestione el plan. El Consejo estará presidido por el ministro de Economía e integrado por el secretario de Economía, el presidente del ICO, el abogado general del Estado y el interventor del Estado.

La Comisión, que se encargará de las inversiones, estará asesorada por un comité técnico con miembros del Banco de España y la CNMV. El plan estará sujeto al control del Parlamento que, cada cuatrimestre, recibirá un informe sobre su gestión. Por el momento, no se sabe qué datos podrán hacerse públicos, ya que las transacciones afectan a entidades privadas y “hay que respetar los derechos de privacidad”, según explicó el secretario de Estado de Economía, David Vegara.

Según el Ejecutivo, no se aceptarán activos cuya rentabilidad sea inferior al coste que le supone al Estado emitir deuda para financiar los 30.000 millones. Es decir, que el Tesoro espera ganar dinero con este plan, aunque el propio Vegara, como ya hizo el jueves el gobernador del Banco de España, recordó que ninguna inversión está exenta de riesgos. El Gobierno, de hecho, no impondrá a la banca ningún compromiso de recompra de los activos.

La elección de los activos se llevará a cabo mediante una subasta. Aunque, como no todos los activos que ofrecerán las entidades tendrán las mismas características, habrá que hacer un “doble análisis”, dijo Solbes. Vegara especificó que “se elegirán activos que ofrezcan, ceteris paribus, la mayor rentabilidad”.

Uno de los criterios adelantados por el Ejecutivo es que las entidades que “tengan una mayor participación en el saldo crediticio del país” serán las que podrán aspirar a venderle más activos al Estado. Aunque el Gobierno también asegura que buscará fórmulas para evitar la concentración de sus inversiones, tanto en el número de entidades como en los tipos de productos. Ni se comprará todo a unos pocos bancos (o cajas), ni se invertirá todo en titulizaciones (o cédulas).

Crédito o vencimientos
Una de las cuestiones más polémicas de este plan es si realmente será capaz de reactivar el crédito hacia las empresas y las familias, lo que debería ser su principal objetivo. Hay muchas voces que ponen en duda que las entidades vayan a utilizar el dinero que obtengan con la venta de activos para reactivar la financiación de la economía real por la vía del crédito, en vez de usarlo para hacer frente a sus vencimientos de deuda.

Solbes, de alguna forma, reconoció ayer que el plan no prevé mecanismos que obliguen a la banca a utilizar estos recursos por un fin determinado: “no es labor del Gobierno decir a bancos y cajas cómo gestionar sus balances”, afirmó. Aunque, el Tesoro piensa comprar sobre todo activos vinculados a los créditos concedidos más recientes, premiando así a las entidades que no han frenado en seco la financiación.

El ministro insistió en que las entidades harían frente, de todas formas, a sus compromisos de deuda, así que lo que les da el Gobierno es liquidez añadida que, por lógica, sí irá al crédito. Por su parte, Vegara afirmó que “la banca no se dedica a vender botellas de plástico, sino a prestar dinero”.